Del 17 al 23 de febrero se celebra la Semana Europea de lucha contra la Pobreza Energética impulsada por la Asociación de Ciencias Ambientales para reivindicar la visibilidad del problema y buscar nuevas soluciones por parte de administraciones, empresas y ciudadanía.
La Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) define pobreza energética como la situación en la que un hogar es incapaz de pagar una cantidad de energía suficiente para satisfacer sus necesidades básicas de energía (calefacción, refrigeración, iluminación, movilidad y electricidad) y/o cuando se ve obligado a destinar una parte excesiva de sus ingresos a pagar la factura energética de su vivienda. Esto es, por ejemplo, la incapacidad de mantener la vivienda en unas condiciones de climatización adecuadas para la salud (de 18 a 20º C en invierno y 25º C en verano).
En España, según el Informe de Pobreza Energética 2018 de la ACA, en 2016 un total de 6,8 millones de personas (15% de la población) sufrió temperaturas inadecuadas en la vivienda o el retraso en el pago de recibos, o ambos. De estas, 2,8 millones de personas declararon tener dos o más retrasos en el pago de recibos en los últimos 12 meses, un 6% de la población. Además, el 2% de la población, cerca de 900.000 personas residentes en España, sufrió algún tipo de desconexión de suministro energético en su casa en 2016.
Asimismo, el 29% de la población del país (13,2 millones de personas) estaría en dificultades por un gasto energético desproporcionado en relación con sus ingresos (mayor que el doble de la mediana nacional) o por un gasto inusualmente bajo (inferior a la mitad de la mediana nacional). En este último caso, padecen lo que se conoce como “pobreza energética escondida”.
Por otro lado, si nos situamos en el contexto de la Unión Europea (UE), según datos del último informe del Observatorio de la Pobreza Energética de la UE (EPOV), España tiene resultados ligeramente peores en materia de pobreza energética que la media: “El 8,0% de los hogares no pudieron mantener la casa adecuadamente cálida en 2017 y el 7,4% tienen deudas en facturas de servicios públicos”. En cuanto al gasto, el país está por debajo de la media de la UE: “El 15,2% de los hogares gastan más del doble de la media de la energía, y el 13,0% dedica menos de la mitad de la media”. Para entender estos datos, hay que tener en cuenta que, según Eurostat, España es el cuarto país de la UE con la electricidad más cara, detrás de Dinamarca, Alemania y Bélgica. Sin embargo, el salario medio de los hogares españoles está por debajo de la media de la UE.
Consecuencias en el bienestar
Esta situación de pobreza energética, además de ocasionar falta de confort térmico, reducción de la renta disponible para otros bienes y servicios, malas condiciones de habitabilidad, y riesgo de impago y desconexión, está asociada a una serie de consecuencias adversas para la salud: enfermedades respiratorias y cardíacas y trastornos de salud mental, exacerbados por las bajas temperaturas y el estrés derivado de la imposibilidad de hacer frente a las facturas de energía, así como un bajo rendimiento escolar entre los niños que la padecen.
Sumado a esto, según la Comisión Europea, la pobreza energética tiene efectos indirectos sobre muchos ámbitos políticos, incluidos la salud, el medio ambiente y la productividad. Por ello, señalan que abordar la pobreza energética puede reportar múltiples beneficios como reducir el gasto sanitario de los gobiernos y la contaminación del aire y de las emisiones de CO 2, incrementar la comodidad y bienestar, y mejorar el presupuesto familiar y aumentar la actividad económica.
Soluciones directas
Este año, la Semana Europea de la lucha contra la Pobreza Energética llega tras el reconocimiento del problema y la puesta en marcha de actuaciones a todos los niveles: En abril de 2019 el Gobierno aprobó la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024 que ofrece por primera vez una definición oficial sobre la pobreza energética, establece indicadores para su seguimiento–que determinan que, en la actualidad, existen entre 8,1, y 3,5 millones de personas en situación de pobreza energética– y objetivos para su reducción en 2025: una meta del 50% y, al menos, una disminución del 25%.
La estrategia plantea cuatro ejes de actuación con 19 acciones concretas, como la creación de un nuevo bono social energético, universal–para todos los suministros– y de concesión automática. Además, prohíbe el corte de suministro en situaciones climatológicas extremas y se amplía en cuatro meses el periodo previo a que la empresa suministradora corte el servicio por impago. En esos cuatro nuevos meses, el usuario recibirá un suministro mínimo vital.
En este escenario, desde el ACA celebran que este año “tenemos, al menos, una hoja de ruta” y piden “que esta dinámica de avance no se frene, porque el problema no se ha solucionado”. Para ello, “reclaman más avances y la puesta en marcha de un plan operativo que permita bajar a tierra la esperada Estrategia y continuar con la senda iniciada en este último año”.
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